A menos de dos semanas de la Reunión de las Partes Contratantes del Convenio Internacional sobre Humedales o de Ramsar que se celebrará en la ciudad uruguaya de Punta del Este y a la que acude una delegación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en representación de nuestro país a defender los intereses de los humedales españoles y sus valores, llama poderosamente la atención la aparición de noticias en la prensa como la de la autorización por parte de la Generalitat Valenciana para la construcción de un campo de golf en terrenos de la Marjal de Gandia. Si no fuera lo suficientemente sorprendente la noticia de que nuestro gobierno regional apoya la destrucción de espacios de alto valor ecológico, se informa además que estos terrenos serán adquiridos con fondos del erario público, como si el superávit desbordara de las arcas municipales y este sea el objetivo más urgente que atender en estos momentos.
A estas alturas del siglo XXI, cuando nadie duda ya sobre los beneficios y ecoservicios aportados por los humedales a la sociedad, nos planteamos que si estas actuaciones son fruto de un desconocimiento científico por parte de nuestros administradores públicos, es imperdonable ya que la literatura científica y los medios de divulgación más generalistas han sido prolijos desde siempre en detalles acerca de las bondades de estos ecosistemas. La protección de los humedales, de su fauna y de su flora son argumentos éticos conservacionistas suficientes para muchos ciudadanos, pero la afectación que este tipo de proyectos puede tener para la provisión de agua dulce que realiza la Marjal de Gandia a su territorio es una razón práctica y utilitarista más que suficiente para que nuestros gobernantes se planteen las consecuencias que tienen determinadas decisiones y más, cuando el agua es un bien escaso en la cuenca mediterránea, especialmente en los destinos turísticos.
Parece también que se nos olvida la historia de la conservación de los humedales por estas tierras y que ediles de los municipios vecinos de Pego y de Xeresa fueron procesados y condenados por los tribunales por actuaciones de transformación de sus marjales. A diferencia de aquellas ocasiones, esta vez la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente se ha posicionado junto a los depredadores…Resulta indignante que la sociedad tenga que estar siempre alerta, vigilando los movimientos interesados de nuestros gobernantes que han llevado a la ruina a nuestro patrimonio natural. En otras palabras, como si de un ludópata se tratara, no solo se han jugado ya las joyas de su madre sino que se van a jugar el salario que da y dará de comer a sus hijos…
No sirven ya las escusas desarrollistas que hacen ver que la revitalización del destino turístico de la playa de Gandia pasa por la depredación de los recursos naturales y el patrimonio y que un campo de golf y la urbanización de la playa de l’Ahuir es la salvación… Esto no lo cree nadie. De esta forma, perdemos un patrimonio común de todos los gandienses en favor del beneficio de unos pocos.
A todo esto, es significativo que tenga que aparecer recurrentemente este tema en periodo electoral. En fin, que si no queda otro remedio, los ciudadanos tendrán que defender su patrimonio de nuevo en los tribunales…Una pena, que en vez de dedicar nuestro tiempo a crear una sociedad mejor y buscar soluciones racionales a nuestros problemas de las cuales nos podamos sentir orgullosos, tengamos que estar defendiendo la integridad de un legado que nos pertenece a todos y que puede ser gestionado mucho mejor, sin perjudicar los intereses de nadie.
En fin, no sé que podrán contestar los delegados españoles en Ramsar cuando alguien les pregunte dentro de pocos días sobre este tema….porque pueden estar seguros que alguien les preguntará.
Catedrática de la Universitat Politècnica de València.
Responsable del Grupo de Investigación en Gestión Turística del Patrimonio Natural y Cultural de la UPV
