Abrir puertas y ventanas y levantar alfombras. Es uno de los compromisos que adquirimos los miembros del nuevo gobierno aquel 13 de junio cuando logramos desalojar al alcalde que trajo los cuatro años más oscuros de la historia de Gandia. Aquel mismo día, y de manera simbólica, abrimos las ventanas y las puertas del consistorio. Desde entonces, nada ha vuelto a ser como antes.
Ahora hemos empezado a levantar las alfombras. Y lo hemos hecho en IPG, la empresa pública de Gandia que, quiero recordar, es de capital íntegramente municipal (es decir, se financia con dinero de todos los gandienses). Ya sospechábamos que desde allí el anterior gobierno había podido cometer la mayor parte de los desmanes que nos han llevado a esta situación de deuda insoportable. Por eso, cuando entramos a gobernar, pusimos toda la documentación de IPG bajo la custodia del Interventor y del Secretario Municipal, que durante cuatro años no han visto ni una sola contabilidad de la empresa.
Y es allí, en la primera revisión que estamos llevando a cabo para auditar la empresa de cara a poder disolverla, donde nos hemos encontrado la primera sorpresa: facturas a una de las empresas investigadas por el juez Velasco en la conocida como Operación Púnica (un caso que salpica al PP en toda España y que analiza una posible red de pagos y comisiones ilegales de dinero que luego se blanqueaba a través de un entramado societario).
Hagamos un poco de memoria: el pasado 9 de junio, los agentes de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil se personaban en el Ayuntamiento de Gandia en un registro sin precedentes en el que mantuvieron en su despacho al anterior alcalde de esta ciudad, Arturo Torró, durante cinco horas. Tiempo en el que le requirieron información tal como facturas o posibles contratos con las empresas vinculadas al conseguidor de la trama en Valencia, Alejandro De Pedro. Pero al acceder al gobierno y comprobar este documento, descubrimos que los agentes de la UCO también habían requerido facturas de una empresa constructora de Gandia, algo que nos sorprendió.
Pero la sorpresa fue mayor al descubrir un número considerable de facturas de esta misma empresa en IPG. Facturas que alcanzaban un montante de 880.000 euros, y entre las cuales llamaba la atención una que se presentó a pocos días de elecciones y por valor de 120.000 euros. Lógicamente, sospechamos desde un principio que estas facturas no se habrían entregado durante aquel registro del 9 de junio, aprovechando que ni el Interventor ni el Secretario tenían constancia de las mismas dada la opacidad con la que se gestionaba IPG. Por eso, le preguntamos a los funcionarios si sabían de la existencia de estas facturas y si se habían entregado a la Guardia Civil durante su registro. Negaron ambas cuestiones.
Rápidamente recopilamos dichas facturas para mandarlas al juez que instruye el caso, Eloy Velasco. Y ahí nos encontramos con otra sorpresa: habían desaparecido algunas de las facturas que, en cambio, sí que aparecían en el libro mayor de contabilidad de la empresa, lo cual encendió aún más las alarmas. Una vez recopilado el material del que se disponía, redactamos, junto con los funcionarios de la casa, un expediente para remitir la información a la Audiencia Nacional. Y esto es lo que comunicamos el pasado viernes.
Ahora entendemos las maniobras que, desde Madrid, miembros del PP (incluso algún Ministro) están llevando a cabo para romper este nuevo gobierno progresista de Gandia: quieren tapar todo lo que huele mal, y solo lo podrán hacer si gobiernan ellos. Nosotros seguiremos abriendo ventanas y cajones. Por mucho que se empeñen, no nos van a impedir que la dignidad y decencia se instale definitivamente en esta ciudad.
Ser transparentes y claros tiene estas cosas: que no solo hay que informar de lo bueno, también de lo malo. Y no solo de lo del presente, también de lo del pasado. Esta semana, el nuevo gobierno nos hemos visto en la situación de tener que dar, sin duda, una de las peores noticias de los últimos años a los gandienses: la aprobación del Plan de Ajuste. No nos escondimos, dimos la cara, explicamos la situación, pedimos disculpas y señalamos a los culpables.
Aún sigo esperando a que estos culpables asuman que han triplicado la deuda que se encontraron, que han malgastado dinero y que no han pagado a nadie. Si no son capaces de eso, ¿cómo van a pedir disculpas? Tampoco lo harán por haber manchado Gandia con la etiqueta “Púnica”, de hecho ya he escuchado al anterior alcalde asegurar que tampoco es tanto hablar de 800.000 euros si el Ayuntamiento, bajo su gobierno, ha gestionado 300 millones de presupuesto. Supongo que pensará que son 800.000 euros de mierda.